UAT defiende al rector Guillermo Mendoza con argumentos de 1983

Carlos Manuel Juárez

En el juicio de amparo por la presunta ilegalidad en la elección del rector Guillermo Mendoza Cavazos, la dirección jurídica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) defendió la legitimidad de la rectoría con una interpretación legal de 1983.

Elefante Blanco tuvo acceso a la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito. En el documento se muestra que el secretario general universitario, Eduardo Arvizu Sánchez, intentó justificar la elección con “una interpretación histórica” del Estatuto Orgánico de la Universidad vigente en 1983.

Los entresijos de la confrontación jurídica han quedado al descubierto después de que magistrados federales ordenaron reponer el juicio de amparo promovido por la doctora Luisa Álvarez Cervantes, y que validó la elección del rector Mendoza Cavazos. El Tribunal detectó irregularidades cometidas por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas.

En el proceso de alegatos, Arvizu Sánchez aseguró que la elección de titular de la Rectoría se llevó a cabo con el procedimiento de la Asamblea Universitaria que establece la definición de la propuesta de un aspirante, acompañada de un plan de desarrollo académico y administrativo.

“Se trata de una potestad que concede la norma al Consejo Técnico, para presentar una propuesta, a fin de tener una mayor claridad, en el alcance de dicha disposición se recurre a una interpretación histórica de la misma, así encontramos que, en el Estatuto Orgánico de la Universidad en 1983 en su artículo 26 fracción II, establecía:

Artículo 26. La elección del Rector se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

I.- Cada Consejo de la Facultad o Escuela propondrá a la Asamblea Universitaria un candidato…’.
…Si no que, otorga una potestad al Consejo Técnico, exclusivamente, sin que pueda entenderse que esa potestad pueda ejercerla otra persona u órgano, es decir, que siempre será el Consejo Técnico quien puede proponer… se concluye que: Si en el procedimiento, a ruta o medio para llegar a ser aspirante a candidato a rector es precisamente a través de los Consejos Técnicos, al no haber cumplido con la disposición aludida, es claro que no se debe considerar correcta la propuesta por la misma firmante ante la Junta Permanente.
Por lo anterior fundado y motivado, discutido que fue por la Asamblea Universitaria de fecha 24 de septiembre del 2021, esta resolvió tener por no aceptada su solicitud.“

Con este apunte legal de hace 40 años, el secretario general de la UAT sustentó la decisión de no otorgar el registro como aspirante a Álvarez Cervantes pese a que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Universidad.

El rector y presidente de la Asamblea Universitaria y el director y presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas son los personajes principales que han intentado frenar el juicio de amparo, aunque no lo han logrado.

Lo que sigue en el proceso contra el rector

La semana pasada, los magistrados ordenaron revocar la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas a finales de noviembre de 2021, que permitió la toma de protesta de Guillermo Mendoza.

El 15 de diciembre de 2021, Mendoza Cavazos, quien se desempeñó como secretario de Finanzas en la UAT, recibió el cargo de la mano del exgobernador y su jefe político, Francisco García Cabeza de Vaca. La cúpula universitaria ha sido señalada como parte del mecanismo de desfalco del dinero público. En julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Víctor Hugo Guerra García, entonces secretario de Administración, y 5 funcionarios universitarios por presunto desvío de recursos públicos.

La UIF encontró un esquema ilegal realizado a través del equipo de futbol Correcaminos, donde participan 4 empresas que involucran al senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exmandatario Francisco García. En la denuncia se apuntó a 10 personas físicas y morales que tuvieron movimientos financieros por 428,000,000 pesos. 

Como parte de la investigación se detectó que Guerra García compró un departamento con valor de 6,000,000 pesos en Garza García, Nuevo León, en junio de 2019. El valor del inmueble no concuerda con sus ingresos, sostuvo la UIF. Hasta ahora no hay ningún avance judicial en este caso.

Esta semana se espera que la doctora Luisa Álvarez confirme el reclamo de la inconstitucionalidad del Estatuto Orgánico de la UAT, como el Tribunal federal pidió en la sentencia donde observa violación a los derechos humanos en el apartado de paridad de género.