Priorizan demandas contra Mandatarios
La Suprema Corte de Justicia aceptó resolver de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR para impugnar las reformas a modo en materia anticorrupción que impulsaron los Gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
Por unanimidad, el pleno de la Corte acordó en sesión privada del pasado 25 de agosto que procede la solicitud planteada en julio por el Senado de la República, para que las acciones 56, 57, 58 y 64, todas del 2016, sean discutidas lo antes posible, una vez que los Ministros ponentes presenten los respectivos proyectos de sentencia.
Es la primera vez que la Corte acepta dar atención prioritaria a un asunto, desde que esta figura fue legislada en el 2013.
Fuentes de la Corte informaron que el próximo lunes se discutirá un proyecto del Ministro José Ramón Cossío sobre la reforma aprobada en Chihuahua, cuyo Gobernador, César Duarte, termina su mandato el 3 de octubre.
Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, terminarán sus periodos el 30 de noviembre y 4 de abril, respectivamente.
“Dado el especial interés de la sociedad mexicana en la aplicación y vigencia del Sistema Nacional Anticorrupción”, fue el fundamento de la resolución de los Ministros.
“Una vez que reciba los referidos proyectos de sentencia, la Secretaría General de Acuerdos propondrá al ministro Presidente el listado inmediato de dichos asuntos”, dice el acuerdo del pleno.
La PGR alega que las entidades en cuestión no podían aprobar reformas anticorrupción locales antes de que se hubieran promulgado y publicado las leyes generales respectivas, lo que sucedió hasta el pasado 18 de julio.
En el caso de Chihuahua, la reforma fue sólo al Artículo 122 de la Constitución estatal y algunos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General para crear la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado, cuyo nombramiento y remoción se dejó en manos, precisamente, del Fiscal General.
César Duarte ha sostenido que estos nombramientos se harán hasta el 2017, por lo que él no tendría participación alguna en ellos.
Para invalidar cualquier aspecto de las reformas impugnadas, hará falta el voto de al menos ocho de los 11 Ministros.
La Constitución ya contemplaba desde mayo 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Congreso federal tardó más de un año en expedir las leyes generales, que contienen lineamientos obligatorios por los Estados.
