PODRÍA AUDITORÍA DENUNCIAR PENALMENTE A EX ALCALDES
Entre julio y agosto se resolverán las primeras cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016, que el Congreso de Tamaulipas rechazó el año pasado a entes públicos estatales y locales, debido a que se observaron inconsistencias en la revisión de los informes.
Entre esos informes de ingresos y egresos se encuentra el entregado por el Ayuntamiento de Victoria, en donde los primeros 9 meses fueron ejercidos por Alejandro Etienne y Fernando Cantú; y los otros 3 meses por Óscar Almaraz.
El Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, dijo que estas cuentas públicas están dentro del año de presentación de pruebas y alegatos, al cual tienen derecho las autoridades responsables de las mismas, luego de recibir dictamen negativo del Poder Legislativo.
“En ese año, nosotros seguimos trabajando con ellos en la solventación, porque les decimos: ‘te faltó esto’ (y) ellos tienen 30 días hábiles posteriores, para resolverlas a nosotros”, expresó.
“Posterior a eso, nosotros tenemos 120 días hábiles, para poder nuevamente calificar… De ahí, si no nos cumplen, pasamos a Jurídico… Jurídico, los vuelve a llamar (y) tienen la opción de resolver o solventar en el Jurídico”, añadió.
“Y si ya no solventan, que son los términos que estamos ahorita, entonces nosotros turnaremos al Tribunal de Justicia Administrativa (si hay falta administrativa) o turnaremos a la Fiscalía (Estatal Anticorrupción, si hay falta penal)”, abundó.
El funcionario aclaró que estas cuentas públicas pendientes del 2016 no registran igual avance, ya que se tiene que llamar a los responsables por escrito; y algunas veces se tarda hasta 6 meses en cumplir con ese requisito de ley.
Pero se estima que los primeros procesos pendientes del 2016 más avanzados se concluirán en uno o dos mes.
Espino Ascanio comentó que la mayoría de las sanciones derivadas de la revisión de cuentas públicas son administrativas, cuando el servidor público no ejerció un gasto de acuerdo a las reglas establecidas para ello.
Por ejemplo: se entrega una obra a una empresa que no está dada de alta en el padrón de proveedores del Ayuntamiento, por lo que no se sabe si está bien integrada y facultada para operar, aun y cuando cumpla con el trabajo.
Las sanciones administrativas pueden devenir en multas e inhabilitaciones.
El entrevistado aclaró que el expediente contra el ex alcalde de Villa de Casas, Santiago Ávalos Medina, no deriva de una auditoría a sus cuentas realizada por el órgano público a su cargo.
Recordó que, algunas veces, un síndico o regidor denuncia una anomalía detectada en una cuenta pública municipal directamente a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, tal y como ocurrió en este caso.
