LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO
Los bajacalifornianos votaron el 2 de junio por un gobernador que tendría un período de gestión de dos años, tal como se decretó en septiembre de 2014, precisamente por la Legislatura estatal de ese tiempo.
Sin embargo, Jaime Bonilla, quien acaba de ganar con el 53 por ciento de la votación la gubernatura en la contienda electoral del mes anterior, ha intentado desde antes de ser candidato de Morena operar a su favor la ampliación del periodo de 2 a 5 o hasta 6 años.
De hecho, meses atrás, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California había ampliado, en otra decisión polémica y por demás sospechosa, el periodo de la gubernatura de 2 a 6 años.
Esta resolución absurda de los magistrados electorales locales (por lo visto, auténticos mercenarios), fue tumbada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a finales de mayo pasado, a unos días de la jornada de la votación.
Cuando parecía que el tema ya se había agotado, la Legislatura saliente del Congreso del Estado de Baja California sale con ‘la ocurrencia’ de ampliar el periodo de 2 a 5 años del próximo gobierno estatal, el que encabezará Jaime Bonilla, senador con licencia y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Esto, se reitera, es un escándalo. Es una aberración legislativa, jurídica y, por supuesto, política. Es una amenaza a la democracia que tanto trabajo ha costado construir en el país. Es un atentado en contra de la normalidad y la normatividad democrática.
Además, es un absurdo. Como absurdo es que 9 de los diputados locales que votaron a favor de la ampliación del mandato del morenista Jaime Bonilla sean panistas (7 militan en el partido blanquiazul y 2 más son externos pero llegaron al Congreso con la bandera de Acción Nacional).
¿Por qué estos diputados locales panistas se prestaron al juego sucio en contra de los ciudadanos y los votantes de Baja California? Por supuesto que hubo ‘mano negra’ (para citar al incompetente vividor del mito de Colosio, Alfonso Durazo). Eso está claro. Se habla de millones de dólares por debajo de la mesa de los acuerdos en ‘lo oscurito’.
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, ya expresó que los 7 diputados locales que militan en el partido serán expulsados. Es una decisión enérgica que trata de deslindar al panismo del hecho vergonzoso cometido por un grupo de sus legisladores.
La propuesta, la iniciativa para reformar la Constitución del Estado de Baja California, fue presentada por un diputado local de Morena, de nombre Víctor Manuel Morán Hernández. El partido lopezobradorista solo cuenta con 3 legisladores en el actual Congreso de esa entidad fronteriza.
Lo que sucede en Baja California es un tema que debería escandalizar a todo el país, ya que es probable que la atribución tomada por el Congreso de ese estado sea una decisión con la que se desea sentar un precedente, por demás peligroso para la democracia mexicana, como sería la ampliación del mandato presidencial.
De ese tamaño es el riesgo que se cierne sobre el sistema democrático nacional, un sistema en permanente construcción. La amenaza es real. Cierto: la democracia mexicana no es perfecta. Ninguna democracia lo es. Pero no se puede violentar, desde ningún poder, la voluntad ciudadana expresada en las urnas para un periodo de gobierno ya elegido.
La Cuarta Transformación llegó al poder con el supuesto de un cambio democrático y de pleno respeto a la voluntad popular. Eso se debe confirmar todos los días con hechos. Lo que ocurre en Baja California es contrario a los presuntos postulados de la 4T de respetar la decisión del pueblo.
Lo que incentiva la controversia sobre el tema es que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, evada las preguntas o no defina ni precise con claridad su postura sobre la ampliación del mandato de 2 a 5 años de su amigo, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.
Incluso, desde la Presidencia de la República, por medio de la Consejería Jurídica, se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad a la decisión tomada en el Congreso del Estado.
El problema es que, por lo visto, AMLO no va a proceder.
La impugnación tendrá que ser interpuesta por un partido político ante la Suprema Corte de Justicia. El PAN lo hará, según anunció Marko Cortés. Veremos si otros partidos se suman, si es que, en realidad, quieren defender la democracia mexicana que tanto esfuerzo ha costado construir.
Se insiste: El sistema político mexicano no puede permitir esa aberración legislativa y jurídica.
Si el gobernador electo de Baja California se sale con la suya, habrá sembrado la semilla del caos político en el país. Las normas serán violadas a cualquier hora, al precio que sea a nivel estatal o federal. La democracia está en peligro.
Y PARA CERRAR…
Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana e hijo del legendario general Lázaro Cárdenas, descalificó y desaprobó la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California.
