Tamaulipas

GANA JUICIO AL PRI SU PROPIO ABOGADO

 El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tamaulipas perdió una nueva batalla legal, por lo que está obligado a pagar una indemnización millonaria a su ex Secretario Jurídico y de Transparencia, Gustavo Peña Martínez.

El ex funcionario partidista, designado en el 2014 por el entonces dirigente, Rafael González Benavides, cobrará 9 millones 482 mil pesos gracias a un juicio civil radicado en el 2017, luego de ser despedido por Aída Zulema Flores Peña, quien en ese entonces fungía como presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) tras la renuncia de González Benavides.

Esta cantidad será descontada al partido directamente de las prerrogativas que cada mes entrega el INE al CDE, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara atender la impugnación del tricolor.

Los magistrados del TEPJF resolvieron no recibir la apelación del PRI, por considerar que no tienen atribuciones para dejar sin efecto una determinación de una Junta Local de Conciliación.

En resumen: determinaron que se trata de un asunto laboral que nada tiene que ver con lo electoral, por lo que la decisión de la Junta es válida y a partir de este año, el Instituto Nacional Electoral “embargará” más de 9 millones de pesos de las prerrogativas del PRI para pagar lo que deben a su ex secretario jurídico.

Peña Martínez fue despedido de la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal en el 2017; el abogado denunció ante la Junta de Conciliación que su despido había sido injustificado y en el 2018 la autoridad laboral le dio la razón, obligando al partido a pagar la indemnización que la correspondía más otros conceptos que habían sido omitidos en su desvinculación.

En aquel momento trascendió que la presidenta del partido lo echó luego de que éste sostuvo un intercambio de oficios con el entonces líder del Movimiento Territorial, Humberto Valdez Richaud, quien cuestionó el manejo financiero del comité directivo, y Peña Martínez le dio la razón.

La decisión a su favor fue dictada desde el 16 de octubre del 2018 por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas en los autos del expediente laboral 00155/E01/2017.

El 29 de noviembre del año pasado, el PRI presentó su recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, mismo que fue formalmente desechado el 13 de diciembre del 2018.

“En el caso, como se precisó en los antecedentes de este fallo, la retención de prerrogativas del apelante, por parte de la autoridad responsable, obedece al acatamiento de una sentencia que
dirimió una controversia de naturaleza laboral, por lo que su ejecución es ajena a la materia electoral, lo que conlleva la imposibilidad de que este Tribunal conozca la controversia planteada por el partido recurrente”, dicta el documento.

Para el año 2019, el PRI de Tamaulipas enfrenta una reduccion del 50 por ciento en sus asignaciones presupuestales, esto debido a las multas impuestas por el INE luego de las jornadas electorales de las pasadas elecciones.

Por mes el partido en Tamaulipas paga 1 millón 279 mil pesos en multas impuestas por la autoridad estatal, lo que se suma a los nueve millones de pesos que un juez ordenó pagar en el año 2017.

Una de las multas que el INE aplicó al PRI en Tamaulipas fue de 15 millones 747 mil 648 pesos y se acordó iniciar un recorte del 50% de las prerrogativas mensuales que recibía durante el 2018.

Es decir, de 3 millones 087 mil 361 pesos mensuales se le recortaron poco más de 1.5 millones de pesos mensuales.

Para el 2019, el descuento de las prerrogativas por concepto de multas ascendería al 25%.

Al PRI le asignaron para el 2018 un total de 37 millones 048 mil 335 pesos pero con el descuento de 15 millones 747 mil 648 pesos, en este año, el PRI sólo tendría 21 millones 300 mil 687 pesos contra 48 millones 663 mil 414 pesos que el PAN tendrán durante todo este año.

La multas corresponden a irregularidades detectadas en la fiscalización del 2016 que, ha hecho valida el Instituto Electoral de Tamaulipas.

El de su ex secretario jurídico no es el primer laudo laboral que pierde el PRI en Tamaulipas.

El año pasado el partido perdió un juicio por 4 millones de pesos que,se vio obligado a pagar al velador del edificio del Comité Directivo Estatal.