FRENA GOBERNADOR POLÉMICA REFORMA
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció este domingo a través de sus redes sociales, el freno a las reformas al código penal del estado que impedían divulgar información acerca de las situaciones de riesgo que pudieran alertar a los grupos delincuenciales sobre los operativos de las fuerzas armadas.
En un mensaje emitido vía twitter por el ejecutivo estatal, anunció: “decidí no promulgar las Reformas al Código Penal de Tamaulipas; se harán ajustes garantizando en todo momento la libertad de expresión”.
Mientras que el Gobierno del Estado, a través de un comunicado fijó su postura al respecto señalando que “el Gobierno de Tamaulipas reitera que la esencia de la reforma al Código Penal de Tamaulipas, tiene como objetivo fundamental contar con elementos jurídicos para sancionar conductas realizadas por personas y grupos vinculados con la delincuencia, las cuales atentan contra la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos”.
Será este lunes 3 de abril cuando se presenten al Congreso del Estado los ajustes correspondientes, de acuerdo a lo que manifiesta el mensaje.
En el texto se lee que “las adecuaciones legales permitirán hacer frente a hechos y prácticas de grupos delictivos que buscan no solo disminuir la efectividad de las corporaciones de seguridad, sino desacreditar a servidores públicos y corporaciones de seguridad, con la intención de restarles credibilidad y debilitar sus acciones en la persecución del delito”.
La iniciativa presentada y aprobada por el pleno del Congreso del Estado en sesión ordinaria enviada por el Ejecutivo, proponía reformas a 34 artículos del Código Penal del Estado, mismas que fueron aprobadas por el Congreso del Estado el pasado miércoles en sesión ordinaria de forma unánime.
En la iniciativa presentada por el Ejecutivo, entre otros, proponía reformar el artículo 22 donde se clasificaban como delitos graves los atentados a la seguridad de la comunidad, entre los que se incluye el castigo para quien por vía telefónica o cualquier medio de comunicación “avise o indague sobre las actividades, operativos, ubicación o en general, respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas”.
Así mismo proponía tipificar como delito el impedir el paso de las fuerzas de seguridad, mediante instrumentos poncha llantas, además se formalizaba como delito el poseer uno o varios escritos con mensajes de alguna pandilla o miembros de un grupo delictivo.
La iniciativa consideraba la modificación del artículo 189 del Código Estatal de Procedimientos Penales, en el que se define el delito de ultraje, que refiere a una expresión directa o indirecta contra algún servidor público estatal, municipal o contra las instituciones públicas que pudiera implicar ofensa o desprecio, que aplicaba una sanción de seis meses a dos años de prisión y una multa de 20 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Pero dicha reforma exponía en el artículo 207, la regulación de las redes sociales en un hecho ya que detallaba sanciones para quien “sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada”, aunque si dicha ofensa era en contra del gobierno, “se aumentará una tercera parte de dicha pena cuando sea en contra de alguna institución o servidor público mencionado en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas”.
En el comunicado, el gobierno estatal aclara que, “en ningún momento se planteó que las adecuaciones tuvieran como fin coartar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y mucho menos, las acciones de particulares que den a conocer hechos en el momento en que ocurren” y reiteró su respeto al ejercicio libre del periodismo y la libertad expresión de los ciudadanos.
Insistió en que “las adecuaciones legales permitirán hacer frente a hechos y prácticas de grupos delictivos que buscan no solo disminuir la efectividad de las corporaciones de seguridad, sino desacreditar a servidores públicos y corporaciones de seguridad, con la intención de restarles credibilidad y debilitar sus acciones en la persecución del delito”.
Objetivos claros
La reforma, argumenta el documento de Gobierno del Estado, “tiene como objetivo eliminar el denominado “halconeo”, que se ha extendido en varias localidades como una representación más del crimen organizado, que aprovecha para alertar la presencia de fuerzas policiales o armadas y evitar sus operativos; la reforma también pretende evitar que los servidores públicos de todos los niveles sean exhibidos y se comprometa su integridad física o su vida”.
