Falta voluntad de los diputados para aprobar Ley 3 de 3: Clero
El obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, consideró que la iniciativa ‘Ley 3 de 3’ es una ley incompleta o ‘descafeinada’, en la cual parece no haber un verdadero interés por parte de los legisladores para aprobarla y así poder combatir a la corrupción.
El obispo capitalino señaló, “yo creo que en nuestro país tristemente sí hay muchas leyes pero muchas de ellas no se cumplen, aquí es una ley que no está cien por cien aprobada”, y agregó, “ese es el problema que yo veo, ¿de qué sirve emitir leyes si de todas maneras no se van a cumplir?”.
Cabe recordar que la ‘Ley 3 de 3’ es una iniciativa ciudadana que pretende que diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la república, transparenten su Declaración Patrimonial, Declaración de Intereses, y la Declaración Fiscal.
Esta iniciativa formaría parte del paquete legal del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la cual define los distintos tipos de corrupción y cómo castigar a los funcionarios públicos corruptos.
“Además se me hace muy raro que a la mera hora muchos diputados se salieron para no votar, no veo la razón”, comentó.
González Sánchez destacó que el principal problema en México es la corrupción, para lo cual es necesario que las leyes que combaten este mal sean aplicadas, “no es sólo esta ley, yo escuché a una periodista decir que el problema de México no era ni político, ni económico, que es la corrupción, yo creo que se tiene que buscar como erradicar la corrupción”.
Algunos de los tipos de corrupción que considera la ‘Ley 3 de 3’ son el soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información falsa o confidencial, y nepotismo.
El pasado viernes fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley General de Responsabilidades Administrativas con algunas modificaciones a las que habían sido propuestas por la sociedad civil, en la que funcionarios públicos podrán ocultar información bajo el argumento de ‘proteger su vida privada’, en contraste la iniciativa privada sí deberá de publicar su ‘3 de 3’.
