Empresarios tamaulipecos se suman a exigencia nacional, al Senado, a aprobar el Sistema Anti-Corrupción
La Confederación Patronal de la República Mexicana planteó este miércoles ante el Senado de la República, en la Ciudad de México, la necesidad de que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción antes del 28 de mayo, para lo cual se dio una rueda de prensa en todos los centros 65 centros empresariales en el país.
En Ciudad Victoria el presidente de COPARMEX, Fidel Gallardo Aguilar, leyó el documento que el presidente nacional de ese organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, entregó al presidente del Senado de la República, en donde se menciona que la corrupción tiene un costo anual del diez por ciento del Producto Interno Bruto.
Esto para las empresas equivale al cinco por ciento de las ventas anuales y el catorce por ciento del ingreso promedio anual de los hogares mexicanos, “COPARMEX tiene un compromiso histórico con la lucha en favor de las mejores causas de México, como la educación, la democracia participativa, el diálogo entre las empresas y los trabajadores, y ahora, de manera muy clara el combate a la corrupción y a la impunidad”.
La Ley de Responsabilidades Administrativas o ‘Ley 3 de 3’ cuenta con un respaldo ciudadano de 634 mil firmas, “el SNA debe de poseer dientes para morder la impunidad”, indicó Gallardo Aguilar, así como “debe de afectar los bienes producto de la corrupción con un marco jurídico adecuado para resarcir el daño”.
El referencia a la declaración del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Ramiro Ramos Salinas, en el sentido de que este veía pocas posibilidades a esta iniciativa debido a que afectaba intereses de empresarios y políticos por igual, mencionó el representante de COPARMEX, “creo que es falta de voluntad política para que esto se apruebe, sabemos que si el Ejecutivo la viera con buenos ojos y que decidiera apoyarlo esto estaría destrabado”.
El presidente de COPARMEX hizo una analogía con los trabajadores mecánicos en el sentido de que si estos no se quieren manchar de grasa, mejor que se dediquen a otra cosa, “todas las personas que manejan recursos públicos tienen la obligación de transparentar el manejo de los mismos”.
“A nosotros para presentar las declaraciones nos dan tres meses y para el servicio público son tres meses, la diferencia a lo mejor son los volúmenes pero también la estructura con la que cuentan las funciones públicas también son suficientes para que presenten sus declaraciones oportunamente”, destacó.
COPARMEX a nivel nacional planteó a los senadores de la República que en caso de que esta iniciativa no sea aprobada antes de que concluya el período ordinario de sesiones este treinta de abril, vayan a un período extraordinario para aprobar antes del 28 de mayo, cuando vence el plazo de aprobar dicha ley.
