Imparte FEPADE foro de blindaje electoral a funcionarios públicos de Tamaulipas
El Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo y el Secretario General de Gobierno, Herminio Garza Palacios, encabezaron el Foro para la Legalidad y la Civilidad Democrática dirigido a funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de blindar el proceso electoral en puerta y garantizar el principio de equidad durante la contienda.
“El objetivo es rendir cuentas de forma transparente y en una primera instancia acompañar el blindaje de las elecciones con estos recordatorios sobre qué podemos y qué no podemos hacer como funcionarios públicos”, indicó el Fiscal en materia electoral ante Secretarios, subsecretarios, directores y jefes de departamento del Gobierno del Estado, así como delegados de dependencias federales.
Nieto Castillo reiteró la importancia del ejercicio del voto en condiciones de libertad y de garantizar el principio de equidad para efecto de que las elecciones locales, en las que se renovará el Poder Ejecutivo, Legislativo y 43 alcaldías, transiten en los términos establecidos por la Constitución.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Herminio Garza Palacios, manifestó que el ejercicio de este derecho se llevará a cabo en el marco de la democracia y respaldo de las normas y las leyes que regulan los procesos electorales, ponderando la relevancia de este tipo de encuentros.
“Para el gobierno de Egidio Torre Cantú, la legalidad es la norma por la que transita la vida institucional del Estado, ya que no podemos hablar de democracia si esta no está sustentada en el respeto a las normas”, precisó Garza Palacios, al destacar el compromiso de la administración estatal por garantizar unas elecciones en un marco de transparencia y equidad.
Durante el foro, Santiago Nieto Castillo detalló a los asistentes las funciones y competencias de la Fiscalía Federal que encabeza, el tipo de conductas que por oficio son consideradas como delito electoral, los sujetos activos de dichos ilícitos y las sanciones a las que son acreedores.
Son considerados delitos que infringen el principio de equidad de una elección por parte de servidores públicos, coaccionar a subordinados para acudir a mítines electorales en días y horas hábiles; condicionar el uso de programas sociales; amenazar a subordinados para efecto de que participen en actos de campaña o destinar recursos a determinado partido o candidato, entre otros.
