Instituto de Migración, en la mira

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante el 2020, Tamaulipas fue uno de los tres estados donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más quejas contra el Instituto Nacional de Migración.

A nivel nacional, el Instituto que tiene la misión de velar por los migrantes, es la cuarta dependencia de toda la estructura federal con más quejas: recibió 1,044 en todo el año.

Las denuncias apuntan a “faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio publico; y acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares”.

La CNDH hizo un llamado “a todas las autoridades mexicanas competentes para respetar y reconocer los derechos de todas las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio nacional, tanto por razones de origen como de destino, tránsito y retorno, enfatizando una protección especial para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad”.

Tras el asesinato de al menos 13 personas de origen guatemalteco en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, se ordenó la destitución de ocho agentes del Instituto Nacional de Migración, que ahora están bajo investigación para determinar si tuvieron alguna participación en el crimen, por el que ya fueron detenidos 12 policías estatales.

“Te puedo decir que se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios, decenas de funcionarios, entre otros, los de Camargo, que cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares fueron cesados”, respondió la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a una pregunta sobre los abusos cometidos por los agentes migratorios.

La camioneta Toyota Sequoia hallada junto a los cuerpos había sido asegurada por el INM el 5 de diciembre en Escobedo, Nuevo León, tras descubrirse una casa donde se refugiaban 66 migrantes.

Al día siguiente, Sánchez Cordero confirmó que la camioneta estuvo involucrada en los hechos y anunció que se investigaría a funcionarios del INM para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad.

“Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de migración, precisamente en este tipo de violaciones de derechos (de los migrantes). Y lo tenemos que reconocer para avanzar”, admitió la Secretaria.

“Porque si no reconocemos que hay esta violación, si no reconocemos que están violentando sus derechos (…) no podemos avanzar en eso. Entonces, tenemos que tener específicamente los funcionarios que están cometiendo estas conductas, ya no digamos irregulares, ilícitas”.

El INM informó que separó a ocho funcionarios con base en Nuevo León por fallas administrativas al retener la camioneta que fue calcinada junto con otro vehículo y 19 cuerpos en Tamaulipas.

Explicó que fue por la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento.
“Al retener la camioneta Toyota que se encontró, en diciembre de 2020, durante la identificación de personas migrantes irregulares en el municipio de Escobedo, Nuevo León”, detalló.

“Además, el Instituto dio vista a su Órgano Interno de Control (OIC), y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar”, agregó el INM.

Desde el inicio de la actual administración federal, el Instituto de Migración ha estado bajo la lupa.

En el 2019, la misma Secretaria de Gobernación informó una investigación y denuncias formales contra agentes de Matamoros y Reynosa.
Más tarde, se anunció la destitución de 30 de ellos.

“El Instituto Nacional de Migración era uno de los que más estaba penetrado de corrupción, estamos renovando prácticamente a todo el personal, hemos presentado algunas denuncias penales de agentes migratorios que extorsionaban a las personas que intentaban ingresar a nuestro país”, explicó.
Las denuncias de migrantes apuntaban a extorsiones en el aeropuerto o incluso antes de llegar a los puentes internacionales, hasta con 3 mil dólares para dejarlos continuar.

Ese mismo año, fue cesado Inocencio Almazán Monroy de la delegación en Reynosa del Instituto Nacional de Migración.

A través de una investigación periodística de una cadena estadounidense, centroamericanos y caribeños denunciaron que el representante del instituto en Reynosa encabezaba una red de personas que les exigían hasta 3 mil 500 dólares para liberarlos y evitar que fueran repatriados a sus países natales.
Las víctimas eran recluidas en un inmueble aledaño a la estación migratoria.

El órgano interno de control abrió una indagatoria y después de eso la dirección del INAMI, designó a José Arnulfo Vargas Villareal nuevo encargado de la oficina local.

Las denuncias se acumularon, pues también apuntaban a una posible red de trata por las carreteras de la entidad.

La organización Pueblos Sin Fronteras acusó al Instituto Nacional de Migración de ser cómplice del secuestro de personas en Tamaulipas.
“Hemos recibido testimonios de que en el retén conocido como El 30, ubicado antes de entrar a Reynosa, el Instituto Nacional de Migración les pide a los migrantes una clave que es entregada por los coyotes o por otras autoridades”, afirmaron.

“Según los migrantes, si ellos no portan la famosa clave de INM, les cobran de 500 a 2 mil pesos para dejarlos pasar, pero muchas veces aunque paguen son reportados a la red de coyotes para que los esperen en la terminal”, añadió.

Pero la mala fama del Instituto de Migración se remonta a mucho tiempo atrás.

La masacre de 72 migrantes en San Fernando y las fosas halladas en el 2011 en ese mismo municipio, ya habían puesto en el debate la labora que realiza el Instituto Nacional de Migración, y sus posibles omisiones en estos dos casos emblemáticos.

Tras la matanza de agosto de 2010, pese a que en un principio intentó deslindarse de los hechos, la titular del Instituto Cecilia Romero, renunció a su cargo.

En el 2013, en la recomendación emitida por aquellos hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó los yerros cometidos por el Instituto, que entre otras cosas incumplió con su deber de proteger primero a las víctimas, y luego por lo menos a un sobreviviente que pudo llegar hasta Matamoros.
Más de una década después, el Instituto Nacional de Migración vuelve a estar en entredicho.