MUNICIPIOS NO ‘PELAN’ LA LEY DE TRANSPARENCIA

 La mayoría de los municipios de Tamaulipas han rehuido a la obligación de publicar su información financiera en los portales oficiales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

A dos semanas de que venza el plazo para cumplir, son muy pocos los sujetos obligados que han logrado actualizar la información que les exige la ley.

Sobre la gran mayoría pesa la advertencia de que a partir del 1 de enero serán sancionados.

El caso de los municipios es el más grave; algunos ayuntamientos de Tamaulipas muestran un atraso importante, y otros -los más pequeños- ni siquiera han comenzado a alimentar sus portales o la Plataforma Nacional de Transparencia.

La mayoría ha ido cumpliendo poco a poco con los aspectos más sencillos de la norma, como detallar los marcos normativos y la estructura orgánica. Pero la situación cambia cuando la información requerida incluye cifras relacionadas con el presupuesto.

De los municipios considerados grandes, ninguno ha publicado todavía información financiera de la cuenta pública 2017. Ni los informes trimestrales, ni el presupuesto anual.

Tampoco existe información disponible sobre los ingresos recibidos por los municipios.

Es decir, ningún ciudadano tamaulipeco puede revisar con detalle la forma en que los municipios se han gastado los recursos públicos.

También escasea la información sobre los gastos en viáticos de funcionarios públicos.

Altamira, Mante, Río Bravo no han publicado nada al respecto, mientras que otros como Ciudad Madero aseguran que no han ejercido ni un peso en gastos de representación.

Nuevo Laredo y Mante, por ejemplo, no han hecho públicas los resultados de auditorías practicadas a sus finanzas.

Mientras que en el tema de licitaciones y adjudicaciones, la información luce incompleta.

En Tamaulipas son 173 los sujetos obligados a trasparentar información de interés público.

Ahí están incluidos los 43 municipios, secretarías de gobierno, universidades públicas, Poder Legislativo, Poder Judicial y todos los entes que reciban recursos del erario, como sindicatos y partidos políticos donde la opacidad es aún mayor.

En total, son 82 formatos los que tienen que llenar y “subir” a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Luego de una serie de prórrogas, finalmente este 31 de diciembre llega la fecha límite para que cumplan con sus obligaciones, de lo contrario comenzarán las sanciones económicas.

Al respecto, el Contralor estatal, Mario Soria Landeros, ha expresado que la dependencia a su cargo brindó apoyo a los municipios que han enfrentado problemas para cumplir con la ley.

Reconoció que “los municipios están batallando mucho”, por tratarse de un sistema nuevo para el que muchos no estaban preparados con los recursos materiales y humanos necesarios.

El mismo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas ha reconocido que les falta personal para cumplir con su responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la nueva norma.

Pese a eso también han brindado apoyo sobre todo a los municipios con población menor a 30 mil personas, donde en ocasiones no cuentan si quiera con las computadoras necesarias para completar los formatos que exige la Plataforma Nacional de Transparencia.

De hecho, hay algunos que no han subido prácticamente ninguna información a la plataforma. En esa situación están Palmillas, San Carlos, Mainero y Ocampo que no han atendido ni siquiera el marco normativo, es decir el primer punto obligado por la ley.

Otros no tan pequeños, como San Fernando, están en las mismas condiciones. Mientras que el municipio de Casas, con apenas 4 mil habitantes, es uno de los más cumplidos de acuerdo a lo publicado en la Plataforma.

En el caso de Palmillas, San Carlos, Bustamante, Mainero, Ocampo y San Fernando, no hay forma de que los ciudadanos conozcan la identidad de quiénes ocupan puestos en los gobiernos municipales.

Los organismos públicos descentralizados también están obligados a transparentar información contenida en 48 puntos del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Pero también estos se han quedado cortos.

La recién creada Comisión de Energía de Tamaulipas por ejemplo, no ha publicado una sola de sus obligaciones en el portal de transparencia del Gobierno del Estado.

Hay otras, como el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas que no ha hecho pública su estructura orgánica y la información financiera está desactualizada pues no llega más allá del 2017. Lo mismo pasa con el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos.

En el caso de la Comapa zona conurbada, la información de las cuentas públicas se quedó rezagadas en el primer trimestre del 2017.

Nada se sabe sobre los gastos realizados a partir de abril de este año que está por concluir.

Peor situación la del ITIFE: su último informe disponible en la red es el del primer trimestre del 2016.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, aprobada en abril del año pasado, deja poco espacio para la duda: están obligados a publicar y permitir acceso a su información “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios”.

Con una particularidad, a diferencia de las antiguas legislaciones, ahora hay sanciones económicas para quienes no cumplan, y dichas multas no serán responsabilidad de ls instituciones sino de las personas responsables.

De acuerdo al artículo 183 de la Ley, el ITAIT, tendrá la obligación de sancionar al servidor público encargado de cumplir las resoluciones, primero con una
amonestación pública, y después con una multa que podría ir de 150 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente.

Es decir, la sanción para el incumplido podría superar los 150 mil pesos.

Si el avance de los sujetos obligados sigue al ritmo lento que lleva actualmente, a partir del 1 de enero habría una lluvia de castigos.

Se disparan solicitudes

Por día los ciudadanos realizan un promedio de 20 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a los entes que conforman el Gobierno de Tamaulipas, cuestiones que van enfocadas a gasto público, y contrataciones.

En los primeros 11 meses que se puso en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia se recibieron seis mil 392 solicitudes.

Durante los primeros cuatro meses del 2017, los registros de solicitudes de información aumentaron cerca de 150 por ciento con respecto a las registradas durante todo el 2016, tendencia que continúa a la alza y que se espera al finalizar el año llegar a un aumento de cerca del 300 por ciento.