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Suprema Corte ordena regular publicidad oficial

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer al Congreso de la Unión emitir una ley reglamentaria sobre el gasto de comunicación social del gobierno, sentencia histórica que representa un parteaguas en la defensa de los derechos humanos.

“Ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial”

Sentencia de la Corte

Así lo afirmó el ministro Arturo Zaldívar, autor del fallo aprobado por la Primera Sala de la Corte y que da al Congreso de la Unión hasta abril de 2018 para emitir la ley reglamentaria sobre comunicación social de los gobiernos federal y estatales.

“Es muy trascendente, sin duda, histórica, porque es la primera vez que en nuestro país a través de un amparo la Corte ordena al Poder Legislativo que emita una legislación a la que está obligado en términos de la Constitución”, dijo Zaldívar, entrevistado al final de la sesión de la Sala.

“Es un parteaguas en la defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía porque por primera vez hay un medio al alcance de todos los ciudadanos para obligar a los poderes legislativos a que cumplan con la Constitución”, agregó.

El ministro recordó que la Suprema Corte ya ha reparado en el pasado omisiones legislativas de congresos locales, pero mediante controversias constitucionales, que sólo los órganos de Estado pueden promover.

En este caso, la Constitución ordena desde febrero de 2014 reglamentar la propaganda oficial, pero el Congreso ha hecho caso omiso del artículo transitorio que le daba hasta abril de ese año para emitir la ley.

Jorge Pardo, único ministro disidente, consideró que Artículo 19, asociación civil que promovió el amparo, ni siquiera tenía interés legítimo para reclamar por esta vía una omisión legislativa y su demanda debió ser desechada.

Zaldívar rechazó especular sobre un eventual incumplimiento del Congreso al amparo otorgado hoy Artículo 19, que en teoría puede llevar a la destitución y consignación penal de los presidentes de ambas cámaras si la ley reglamentaria no ha sido expedida al final del último periodo de sesiones de la actual Legislatura.

“Lo lógico, racional, deseable y acorde con la Constitución es que el Poder Legislativo cumpla con la sentencia de la Corte”, dijo Zaldívar.

La asociación Fundar estima en casi 70 mil millones de pesos el gasto que tendrá el gobierno federal durante todo el sexenio en el rubro, mientras que el IMCO informó que los gobiernos estatales ejercieron y 9 mil 500 millones sólo en 2016.